El gran robo: o el atraco más grande en la historia ecuatorianaCésar Albornoz
Para Kaos en la Red
Fuente: www.kaosenlared.net/noticia/gran-robo-atraco-mas-grande-historia-ecuatoriana-1
Hace once años se robó impunemente a centenares de miles de ecuatorianos, con leyes ex profesamente preparadas por congresos cómplices, antes y durante el peor gobierno que registra la historia nacional. Ese nefasto día, un once de marzo, el administrador de Harvard Jamil Mahuad, por decreto ejecutivo Nº 685, ordenó el congelamiento de todos los ahorros y depósitos existentes en la banca. Para dos millones de compatriotas que habían confiado en el sistema financiero, empezó el peor vía crucis que pudieron imaginarse.
Hecho de triste recordación, pasó a los anales patrios con la siniestra denominación de El atraco bancario. Los ecuatorianos, siguiendo el estilo de contar la historia por los mass media del primer mundo, deberíamos llamarlo el 11-3 (o si quieren 11/3, o la variante 11-M) para que quede marcado en la conciencia humana, para que nadie jamás lo olvide.
El mito de que los grandes empresarios y sus representantes políticos son los mejores defensores de la propiedad privada, quedó entonces en evidente entredicho. El cuento que los dirigentes de los partidos que han hecho y deshecho del país, son los máximos defensores de la democracia, los abanderados de los derechos del hombre y del ciudadano, y más que nada del “sacrosanto” derecho de la propiedad privada con que siempre se llenaron la boca, se derrumbó como castillo de naipes.
Primero decretaron el feriado bancario: nadie podía retirar su dinero de los bancos; después lo congelaron, aunque el término demuestra una total ignorancia de física, porque si hubiera sido congelamiento, hubieran devuelto lo mismo, y el rato de la entrega, con la depreciación de la moneda nacional y consiguiente subida del dólar en los meses siguientes, los ahorros en sucres se evaporaron las cuatro quintas partes. Luego, los dizque “congelados ahorros” de gran parte de los depositantes no solo que se evaporaron, sino que casi desaparecieron con la infamia de no entregar plata en efectivo sino papeles: bonos a tres, cinco o diez años plazo que en su desesperación muchos vendían hasta a menos de la mitad de su ya deteriorado valor.
El dinero que los ecuatorianos tenían en los bancos y la reserva monetaria del país guardada en las bóvedas del Banco Central, propiedad privada y pública, por un simple decreto de un presidente corrupto, como por arte de magia, desapareció a favor de unos cuantos banqueros inescrupulosos, consumándose el más vil de los atracos. Los ahorros de incautos compatriotas simplemente fueron robados por el abuso de poder de los representantes de un Estado que se decía ser su garante jurídico. Y el robo es delito penal, a más de acto de inmoralidad extrema.
Todavía están frescos en la memoria nacional los sonoros apellidos de los grandes empresarios salvados por la AGD*, con un endoso de más de 8.000 millones de dólares, dinero de todos los ecuatorianos. Los Aspiazu Seminario, los Isaías Dassum, los Guerrero Ferber los Febres Cordero, los Noboa, los Baquerizo, los Durán Ballén, los Ortega Trujillo y demás dueños de los más de 40 bancos quebrados, de esos ricos que fungían de banqueros y que, por créditos vinculados, se convirtieron al mismo tiempo en dueños de empresas de todo tipo (medios de comunicación, jugosos negocios petroleros, etc.) y, como corresponde a su clase, en financistas de los políticos que necesitaban en altos cargos públicos: presidencia de la república, curules parlamentarias, gerencia del Banco Central del Ecuador, Junta Monetaria, Superintendencia de Bancos, ministerios, etc., etc.
En agosto de 2007 la Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera, creada por decreto ejecutivo de 9 de abril de ese año por el actual gobierno y presidida por el economista Eduardo Valencia, entregó su informe concluyendo que “se habría efectuado una auténtica maniobra fraudulenta al expedir los decretos (de feriado y congelamiento bancario) con el afán de favorecer a determinadas instituciones y/o personas privadas y, simultáneamente, perjudicar al Estado y a personas concretas, lo cual configuraría un primer elemento típico propio de los delitos penales económico-financieros”. Y que cómplices, culpables y encubridores son “la Asamblea Constituyente,** el Congreso, el Frente Económico, fundaciones cercanas a los cabildos municipales, órganos de control y organismos internacionales, así como representantes del sector privado”.
Todas esas instituciones, que se sepa, estaban representadas por ilustres personajes de carne y hueso por todos conocidos, por lo que no era muy pertinente el lamento del presidente Correa de que el informe no presentaba los nombres de “ese contubernio de asaltantes, formado por personeros de la Democracia Popular y los banqueros beneficiados”.
Si el delito es tan evidente, entonces, ¿por qué los delincuentes se pasean orondos, unos por el país y otros por el exterior, con la plata que le costó sangre sudor y lágrimas al pueblo ecuatoriano?
El poder judicial al que correspondía establecer los nombres de los culpables en cada caso concreto, más de una década ha actuado como la imagen que lo simboliza: con la venda en los dos ojos pero con la balanza inclinada al lado que no debe. Poder tan presto y solícito para emitir sentencias en otros casos, en éste sobresee acusados, dilata juicios, cambia la figura del delito por otro más leve, traslada el caso de una a otra sala, algún juez se excusa por amistad con el principal acusado… y el atraco bancario, a vista y paciencia de todos, cada vez se parece más al juego del florón, presagiando la más descarada impunidad para los culpables.
Incluso los representantes populares y asambleístas de Alianza País, que ofrecieron que no cejarán en la Asamblea Nacional hasta llevar a la cárcel a los culpables del más grande robo de nuestra historia, parece que se olvidaron de sus promesas. Ocupados en menesteres de menor monta no tienen tiempo ni para leer el recientemente aparecido libro de su máximo líder, Ecuador: de Banana Republic a la No República, en el que hace todo un recuento de lo que denomina crónica de un atraco anunciado, calificándolo como “la mayor confiscación de bienes privados de la historia nacional, y cuantifica en 2.500 millones de dólares la transferencia de los depositantes a los banqueros, gracias a todas las movidas financieras que éstos hicieron, amparados en leyes y decretos promulgados por sus socios políticos. Como que cinco ejes hacían demasiado complicado el manejo de la revolución ciudadana y decidieron dejarlos solo en cuatro.
Y si alguien se da la molestia de revisar los grandes medios de comunicación que circularon el 11-3 de hace pocos días, constatará que ninguno se refiere a esa catástrofe nacional para pedir rendición de cuentas; ni un solo periódico le dedica un suplemento donde recuerden al pueblo cómo y en beneficio de quién se festinaron los miles de millones de dólares del erario público y ahorros de gran cantidad de compatriotas, ni siquiera una noticia de primera plana, ni una tercera columna perdida en alguna sección interior. Su denodada cruzada por la libertad de expresión en la que a diario gastan páginas enteras, les tiene tan ensimismados como para dedicarse a la defensa de otros derechos humanos.
Ironías de la vida, en la gran crisis de la economía norteamericana de fines del 2008 que de local se convirtió en mundial, el país más poderoso del planeta también optó por un salvataje bancario. Igualmente, en beneficio de su gran burguesía, sin importarle la tragedia de millones de sus ciudadanos. Entonces, el ingenio nacional afloró en este pequeño país de la mitad del mundo donde se decía: al fin tuvimos los ecuatorianos algo que enseñarles en materia macroeconómica a los gringos: qué hacer en situaciones financieras difíciles.
En el socialismo del siglo XXI se mantiene la sociedad de bienestar para los ricos.
La gran burguesía, beneficiada una y otra vez por el Estado ecuatoriano ─devaluaciones monetarias, sucretización, paquetazos económicos, flotación del tipo de cambio, altas tasas del interés bancario, información privilegiada para compra de bonos de la deuda externa, salvataje bancario, dolarización─, sigue acumulando riqueza e incrementando su propiedad privada sobre los medios de producción, todavía ahora, en pleno gobierno del socialismo del siglo XXI.
Esa clase social antipatriótica e incapaz de resolver los grandes problemas nacionales en un siglo de sucesivos gobiernos, preocupada únicamente de la ejecución de políticas económicas que engorden sus arcas y convierta en pobres y miserables a cada vez más millones de ecuatorianos, es la misma que hoy combate en todos los frentes cualquier mínima o tímida reforma del gobierno del presidente Correa, quien en cada oportunidad que tiene la tranquiliza, asegurándole que su sagrada propiedad privada será respetada por sobre todas las cosas, a pesar de su triste condición moral: la carencia de escrúpulos para obtener jugosas ganancias de todo aquello que convierte en mercancía.
Las cifras de los últimos veinte años son por demás elocuentes.
Según datos oficiales del Banco Central del Ecuador, en el período 1990─2000 el 20% más rico de ecuatorianos incrementó la captación de los ingresos del 52% a más del 61%, pero la riqueza se concentra más en el 10% más rico de la población ya que en ese período pasa del 35% del ingreso a usufructuar del 45.3%. El economista Alberto Acosta señala que si en 1995 el 20% más rico se apropia del 55% del ingreso nacional, en el 2004 engulle ya el 62%.
En un informe reciente, el más alto personero de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del gobierno de la revolución ciudadana, se congratula porque ese indicador, con el que miden la concentración de la riqueza y en consecuencia la evolución de la pobreza de las familias ecuatorianas, ha disminuido para esa quinta parte de los más ricos en el período de la gestión del gobierno actual ─2006-2009─ del 57,6% al 55,3%; aunque el 10 % de la población más rica del país recibe en el 2009 todavía el 42%. El economista Ramírez, acostumbrado a las deducciones numéricas, ante la descomunal cifra que prácticamente no ha variado en una década, no puede dejar de señalar que solo con el 2% de ese 40% de riqueza se podría superar la pobreza del país.
No se necesita ser economista para concluir que en términos relativos apenas habrá disminuido alrededor de dos puntos porcentuales la captación de los ingresos de los más ricos, pero en términos absolutos, en dinero contante y sonante, las fortunas de esa quinta parte de las familias privilegiadas del Ecuador han crecido sustancialmente, dada la diferencia entre el monto del ingreso total de 1990 comparado con el del año 2009. Continúa, pues, la injusta distribución y concentración de la riqueza en nuestra patria y, por lo tanto, todavía no es de todos.
En su discurso del 27 de octubre pasado ante la London School of Economics, en el que ponía distancias con el socialismo clásico y les explicaba a sus colegas londinenses en qué consiste el socialismo del siglo XXI, el presidente Correa afirmaba: “no creemos en la estatización generalizada de los medios de producción, con excepciones como, por ejemplo, los sectores estratégicos, pero sí creemos en la democratización de todos los medios de producción, es decir, en la adecuada distribución del acervo social, cuya concentración en pocas manos representa una de las mayores fuentes de inequidad.”
Quedan aguijoneando la conciencia varias preguntas: ¿en lo que falta de revolución ciudadana, cuánto se democratizarán los medios de producción?, ¿en cuánto se reducirá la descarada inequidad social y alevosa distribución de la riqueza nacional en beneficio de pocos?, ¿los órganos de control del Estado y el poder judicial se reivindicarán, castigando por lo menos algo tanto atraco e infamia en prejuicio del pueblo ecuatoriano, o proseguirá su desidia cómplice a favor de los grandes atracadores? La historia lo dirá.
NOTAS:
* Agencia de Garantía de Depósitos, organismo creado por el gobierno de entonces y aprobado por el Congreso a fines de 1998, pocos meses antes del gran golpe, para trasladar los recursos del Estado a los banqueros.
** La reunida en un cuartel militar en Sangolquí, donde socialcristianos y demócrata populares aprobaron la Constitución de 1998, con los instrumentos jurídicos adecuados para el gran golpe.
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