La comunicación de crisis es una disciplina que las empresas e instituciones deben planificar y ejecutar con rigor para evitar que las contingencias acarreen consecuencias irreparables. Los expertos coinciden en que la mejor gestión es la prevención; sin embargo, cuando la crisis estalla, existen diversas estrategias para mitigar el impacto del evento.
El caso
En Ecuador, un crimen atroz conmocionó a la opinión pública: un grupo de militares asesinó a cuatro niños en el sector de las Malvinas, un barrio popular de Guayaquil. Tras la desaparición, tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mantuvieron una postura de negación, llegando incluso a criminalizar a las víctimas al sugerir que no eran menores de edad, sino delincuentes. Los niños habían sido retenidos originalmente durante operativos militares contra el narcotráfico.
Ante la presión de los familiares y defensores de derechos humanos, la investigación avanzó hasta localizar los cuerpos incinerados de los cuatro menores el 24 de diciembre de 2024, en las inmediaciones de la base militar de Taura, a 30 kilómetros de Guayaquil. Los informes de la autopsia revelaron que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala. Cronología de los hechos.
Aunque el suceso ocurrió a inicios de diciembre, el país solo centró su atención en la tragedia un mes después, tras la intervención de un asambleísta. De no haber mediado la presión política, el caso probablemente habría quedado en la impunidad.
Tras las diligencias judiciales, 11 militares fueron condenados a 34 años de prisión, mientras que otros cinco recibieron una pena de 30 meses tras acogerse a la cooperación efectiva con la justicia.
Gestión de la comunicación de crisis
Desde la perspectiva de la comunicación de crisis, el Ejército Ecuatoriano optó por la negación del atroz acto. Bajo la premisa del "espíritu de cuerpo" y un "pacto de silencio" entre los implicados, se intentó evadir toda responsabilidad aduciendo que los niños fueron dejados con vida. Los comunicados institucionales y las declaraciones del ministro de Gobierno negaron lo ocurrido; sin embargo, con el paso de los días, las versiones oficiales se volvieron contradictorias: primero, que los menores fueron liberados; segundo, que el crimen fue obra de la delincuencia organizada; y tercero, que las víctimas estaban cometiendo un robo. No obstante, las investigaciones confirmaron que se trató de un crimen de Estado.
Los especialistas señalan que la estrategia de negación solo debe aplicarse cuando existe la absoluta certeza de que no hubo participación institucional; de comprobarse lo contrario, el daño a la credibilidad y la reputación es irreversible. Esto fue precisamente lo que sucedió: pese a las reiteradas negativas oficiales, las confesiones de los involucrados y la labor de familiares y abogados demostraron la cruel verdad.
Otro factor determinante es el contexto político. El gobierno de Noboa se ha caracterizado por estados de excepción permanentes y un discurso centrado en la lucha contra el crimen organizado. En este marco, la imagen gubernamental se sostiene sobre el prestigio del Ejército Ecuatoriano. Aceptar una extralimitación de las Fuerzas Armadas habría significado un golpe severo a la narrativa oficial, por lo cual el Ejecutivo optó por un apoyo irrestricto a la institución militar. Así lo ratificó el ministro de Defensa, mientras sectores aliados iniciaron campañas de desinformación para desacreditar la imagen de los menores.
A pesar de estos intentos de encubrimiento, el pasado 22 de diciembre la justicia dictó una sentencia de 34 años de cárcel para 11 personas responsables del asesinato de los cuatro niños.
Post-crisis
Pese a proyectar una imagen negativa ante la opinión pública —alimentada por el aumento de denuncias contra la institución—, el Ejército rara vez asume responsabilidades estructurales, continuando sus operaciones sin transformaciones de fondo. Con el tiempo, el silencio favorece el olvido; una dinámica que constituye una forma de impunidad y la normalización de la violencia en el país.
La sentencia judicial no solo impone la privación de libertad, sino que ordena el pago de una multa económica de 376,000 dólares por parte de los militares implicados, además de una indemnización de 10,000 dólares para cada una de las familias afectadas. Asimismo, el Ejército Ecuatoriano está obligado a ofrecer disculpas públicas en un medio de comunicación de alcance nacional y a realizar una ceremonia de desagravio en la base militar de Taura. Sin embargo, estas medidas de reparación resultan insuficientes mientras la institución militar persista en prácticas de abuso y desaparición forzada.
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